“La decisión es peligrosa, ya que los recursos pueden ser empleados para favorecer campañas”

El pasado martes, el Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto, en la que incluyó una modificación a la Ley de Garantías Electorales (Ley 1996 de 2005), que prohibía celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones.

Esta medida generó gran controversia entre la opinión pública pues, en su origen, el propósito de la Ley era evitar que algunos candidatos o partidos usaran los recursos públicos con fines electorales.

Para la Misión de Observación Electoral (MOE), eliminar esta restricción aumentaría los actos de corrupción administrativa, porque se podrán destinar recursos públicos a fines proselitistas e influir los procesos electorales. “Los convenios interadministrativos son una modalidad de contratación que implica mayor discrecionalidad en la destinación de recursos”, advirtió la MOE. MarlonPabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la Misión, aseguró que “resulta inconveniente y peligroso para la democracia que se modifiquen las reglas de transparencia, pues los recursos pueden ser empleados para favorecer campañas”, teniendo en cuenta que dos de los más grandes problemas de las elecciones son el clientelismo y la corrupción.

La Misión de Observación Electoral añadió que al ser una ley estatura, no puede ser modificada por la ley ordinaria, por lo que cualquier cambio requerirá una revisión por parte del equipo de la Corte Constitucional, “generar un control ante una medida como la adoptada, y a su vez garantizar que la actuación de los distintos poderes se dé en el marco de la Constitución”, puntualizó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.